Alianzas público-privadas para prevenir la violencia en Centroamérica

La violencia y el nivel delictivo en Centroamérica fueron el tema central del II Foro de Responsabilidad Social Empresarial y Alianzas Público-Privadas que comenzó la elaboración de una estrategia regional…

La violencia y el nivel delictivo en Centroamérica fueron el tema central del II Foro de Responsabilidad Social Empresarial y Alianzas Público-Privadas que comenzó la elaboración de una estrategia regional así como la de un modelo de cooperación entre sector público y privado en el marco de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica (ESCA).

En el foro, celebrado el pasado 23 de abril en Ciudad de Panamá, se dieron a conocer los resultados de las consultas nacionales que la Secretaría General Iberoamericana (Segib) había realizado junto a los Ministerios de Relaciones Exteriores de los países centroamericanos y el apoyo de la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).

El acto fue inaugurado por la Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación de Panamá, María Luisa Navarro, la Directora para Centroamérica de la Segib, Doris Osterlof, el Director de Seguridad Democrática de la Secretaría General del SICA, José Vinicio Martínez, y la Directora de Integración de Guatemala, Sandra Jovel.

También participaron los Viceministros de Relaciones de Nicaragua, de Seguridad de Panamá, Nicaragua y Honduras, el Alcalde de la Ciudad de Belice, representantes de los gobiernos de los países SICA, organizaciones empresariales y de responsabilidad social, empresas privadas y organismos internacionales así como representantes colombianos que compartieron su experiencia.

El primer foro, que tuvo lugar en 2013, concluyó con un acuerdo básico para desarrollar consultas en los países del SICA sobre políticas públicas en temas de prevención, buenas prácticas y la visión del sector privado sobre la contribución de la responsabilidad social en materia de prevención como complemento a las acciones de los gobiernos. 

Las encuestas  contaron con la opinión de los respectivos gobiernos, la empresa privada, organismos vinculados a responsabilidad social, sociedad civil y organismos internacionales.

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