Bajo el título, «Desafíos de la Seguridad Jurídica en Iberoamérica», ayer se presentaron dos informes sobre la importancia del tema para el desarrollo de la región en un evento celebrado en la Secretaría General Iberoamericana en Madrid que contó con representantes del mundo académico, empresarial y político.
Desarrollados por la Cátedra de Cultura Jurídica (CCJ) de la Universidad de Girona (UdG) y la Fundación Iberoamericana Empresarial (FIE), ambos documentos subrayan el papel central que juega la seguridad jurídica para el desarrollo humano y económico de los 22 países. El Secretario General Iberoamericano, Andrés Allamand, que abrió el acto, destacó el trabajo de años que lleva haciendo la Secretaría en este ámbito con el empuje e impulso de reuniones al más alto nivel y cómo ambos trabajos, se complementan aportando miradas desde la perspectiva académica y empresarial. Destacó la íntima relación entre democracia, estado de derecho y seguridad jurídica y la importancia de esta para el crecimiento y la promoción de inversiones.
La Presidenta de la Fundación Iberoamericana Empresarial, Trinidad Jiménez, subrayó la riqueza del acervo jurídico compartido en la región como una oportunidad para la cooperación inter-regional. «Sin un Estado de Derecho sólido no es posible construir confianza ni garantizar derechos», afirmó. Por su parte, la decana del Colegio de Registradores de España, María Emilia Adán, destacó el valor del sustrato jurídico común en Iberoamérica y la necesidad de interconectar los registros mercantiles y de propiedad como base de la seguridad jurídica.
El director de la Cátedra de Cultura Jurídica de la Universidad de Girona, Jordi Ferrer, coautor además de uno de los informes, recordó que proteger la previsibilidad es clave para garantizar el desarrollo de la autonomía humana, para lo que resulta esencial comprender y fortalecer los distintos elementos que conforman el concepto de seguridad jurídica. Destacó también la necesidad de construir una verdadera cultura de la seguridad jurídica, entendida como una responsabilidad compartida por todos los sectores de la sociedad y como algo directamente relacionado con los derechos de las personas. Su informe, apuntó, destaca la necesidad de abandonar la visión jurídica como un reclamo de los actores privados hacia el Estado y subraya que las grandes empresas deben ser productivas para garantizarla. También analiza la necesidad de abordar temas como la transformación digital, el crimen organizado y el fenómeno de las grandes urbes para una mejor aplicación del derecho.
Cerró el acto la Secretaria de Estado para Iberoamérica, Susana Sumelzo, que recordó la necesidad de tener reglas claras que miren hacia la armonización e instituciones sólidas para garantizar la seguridad jurídica en la región. «Debemos incrementar la confianza de la ciudadanía y de las empresas en sus instituciones. La democracia y la seguridad jurídica se consolidan cuando la arquitectura institucional es robusta».
En el evento también participaron Carolina Fernández Blanco de la CCJ y Sergio Saavedra de la FIE, la vice ministra de Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica, Nathalie Artavia Chavarria; Jesús Ramón Peñalver, socio presidente de Uría Menéndez; el Presidente del Centro Iberoamericano de Arbitraje CIAR y Vicepresidente de CIAM-CIAR, Javier Iscar y Gregorio Izquierdo Llanes, de la CEOE.
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