El programa Iberarchivos fue aprobado en 1998 durante la VIII Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno. Este programa de Cooperación Iberoamericana tiene 23 años promoviendo la reconstrucción de la memoria histórica de Iberoamérica.
Iberarchivos nació como una iniciativa para apoyar al desarrollo de las instituciones archivísticas de Iberoamérica como garantes del acceso a la información y a la memoria colectiva y documentada de los pueblos de la región. Por eso, su trabajo se ha enfocado en fomentar el acceso, la organización, la conservación y la difusión del patrimonio documental que existe en Iberoamérica y que contribuye de forma clave a consolidar el Espacio Cultural Iberoamericano.
Actualmente, son 16 países los que integran el programa Iberarchivos: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, España, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal y Uruguay. Cada uno de estos estados aporta recursos de forma anual para crear un fondo económico concursable que permita beneficiar a diversos proyectos archivísticos.
Este programa de Cooperación Iberoamericana otorga ayudas a los países de la región para fortalecer y mejorar el desempeño de las instituciones archivísticas de cualquier tipología: desde los Archivos Generales de la Nación hasta los Archivos Municipales, pasando por Archivos de instituciones de Derechos Humanos o de Pueblos Indígenas, entre otros. De esta manera, se contribuye a garantizar el acceso a la información y a la memoria histórica de los pueblos iberoamericanos.
Iberarchivos constituye el principal fondo de ayudas técnicas y económicas que apoya proyectos archivísticos en Iberoamérica. Tan solo entre 1999 y 2020, las convocatorias del programa de cooperación han otorgado ayudas a 1374 proyectos en 22 países iberoamericanos, además de Filipinas y Puerto Rico. Estas ayudas representan una inversión total de 5.166.035 € y 1.671.854 USD.
Los proyectos que pueden presentar su candidatura a las convocatorias de Iberarchivos deben contribuir al desarrollo de capacidades y a la mejora de las instituciones archivísticas. Además, tendrán carácter prioritario aquellos proyectos que incluyan alguna de las siguientes líneas de acción: perspectiva de género, multiculturalidad, no discriminación y diversidad, descentralización, prevención de desastres, proyectos supranacionales y preservación digital.
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