VII Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional

La VII Conferencia Iberoamericana de Justicia Institucional (CIJC), que finalizó en Mérida (México) el pasado día 19, contó con la presencia de   la gobernadora del Estado de Yucatán, Ivonne Araceli Ortega, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, Guillermo…

La VII Conferencia Iberoamericana de Justicia Institucional (CIJC), que finalizó en Mérida (México) el pasado día 19, contó con la presencia de   la gobernadora del Estado de Yucatán, Ivonne Araceli Ortega, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, Guillermo Ortiz Mayagoitia; el secretario de Gobernación, Fernando Francisco Gómez Mont, y la presidenta del Tribunal Constitucional de España, María Emilia Casas.

Los debates  y las mesas redondas se extendieron  a lo largo de tres días en torno a  tres grandes temas: los efectos en el tiempo de las sentencias constitucionales, el alcance de los pronunciamientos de nulidad y las omisiones legislativas.

En la sesión prevista para los invitados especiales, Manuel Guedán intervino, en nombre del Secretario General  Iberoamericano, Enrique V. Iglesias, para destacar la importancia de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional en la defensa del Estado de Derecho, en este ámbito cultural y lingüístico. “Es voluntad del Secretario General Iberoamericano apoyar el intercambio de experiencias, los programas de capacitación para los altos funcionarios del Estado y la creación de redes de gestión de conocimiento”, concluyó.

La clausura, a la que asistió el procurador general de la República, Eduardo Medina-Mora Icaza, fue precedida de la aprobación de una declaración final, en la que se recogieron, entre otros los siguientes puntos:

• Aceptar el ofrecimiento de la Sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua para actuar como Secretaría Pro Témpore y que sea Nicaragua la sede de la VIII Conferencia.
• Respaldar la candidatura del Supremo Tribunal Federal de Brasil para que dicho país sea la sede de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional.
• Apoyar la propuesta de México para la realización de un seminario sobre los doscientos años de constitucionalismo en Iberoamérica.
• Invitar, con estatus de observador, al Consejo Constitucional del Reino de Marruecos y al Tribunal Constitucional de Guinea Ecuatorial.

 

 

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