El Informe Anual 2012 del Observatorio de Igualdad de Género se presentó el lunes, 11 de marzo, en la sede de la Secretaría General Iberoamericana, en el marco del Día Internacional de la Mujer, junto a los Gobiernos de Andorra, España y Portugal y la División de Género de la CEPAL. El estudio recoge cómo los programas de transferencias condicionadas perpetúan el rol de la mujer como cuidadora e incluye diversas recomendaciones para que no reproduzcan la desigualdad económica de género.
En la mesa, moderada por la directora de la división de asuntos sociales de la SEGIB, Beatriz Morán, participaron el embajador de Andorra en España, Jaume Gaytan; la directora general de Igualdad de Oportunidades y directora del Instituto de la Mujer, Carmen Plaza; la directora de Organismos Multilaterales y Sectoriales de AECID, Laura López de Cerain; la consejera política de la embajada de Portugal en España, Indira Noronha; la socióloga Maria Ángeles Durán del CSIC, y por videoconferencia participó presentando los resultados del Informe 2012, la directora de la división de género, Sonia Montaño.
Las y los representantes de los Gobiernos hicieron alusión a la importancia del Observatorio de Igualdad de género como herramienta de conocimiento y medición de las cuestiones que se investigan sobre las tres autonomías de la mujer, e hicieron hincapié en lo que sus países están comprometidos y las acciones que llevan a cabo en materia de igualdad.
Los programas de transferencias condicionadas de ingresos (PTC) que se implementan en 19 países de la región, identifican 18 programas en ejecución y 8 ya finalizados, su cobertura alcanza a más de 25 millones de hogares a los que pertenecen 113 millones de personas, (casi el 20% de la población total de la región), perpetúan una organización del cuidado en la sociedad basada en el trabajo no remunerado de las mujeres, que es una de las causas de la desigualdad económica de género, según el tercer informe del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) Los bonos en la mira: aporte y carga para las mujeres.
Desde su puesta en marcha en la región, los PTC se orientan mayoritariamente a las mujeres ya que en la mayoría de países conceden ingresos para educación y salud de los niños y niñas a través de sus madres.
Varios de estos programas de transferencias combinan, una aportación monetaria con la exigencia de contraprestaciones familiares y en algunos casos cuentan con un sistema de sanciones ante incumplimientos de los compromisos contraídos (asistencia escolar y control de salud de los niños, niñas y adolescentes).
El informe señala que estos programas representan para muchas mujeres la primera fuente de ingreso estable que han tenido y comportan una retribución mensual de la que de otro modo carecerían. Además, este beneficio monetario es considerado por las mujeres como propio y, en este sentido, consolida su posición en los procesos de toma de decisión en el hogar.
Sin embargo, el estudio destaca que los PTC presentan a la mujer como madre, no como persona con derecho propio a la protección social, y refuerzan la idea socialmente construida de que el cuidado es una responsabilidad natural de las mujeres.
El informe apunta en el prólogo del documento que “las políticas públicas están lejos de asimilar el avance de las mujeres y, aunque muchos programas las visibilizan y reconocen, en general no se inspiran en el marco de derechos y prevalece una visión instrumental, especialmente de las mujeres pobres”.
De acuerdo con el estudio, este tipo de política social, conlleva una visión maternalista que considera a las madres como corresponsables junto con el Estado en la consecución de ciertos objetivos sociales, como la superación de la pobreza. Se antepone la responsabilidad individual de demostrar la asistencia escolar y los controles de salud para conseguir los bonos a la responsabilidad del Estado de garantizar los servicios sociales que aseguren derechos humanos como son la educación y la salud de los niños, niñas y adolescentes.
El informe indica que los PTC conllevan para las mujeres exigencias suplementarias en cuanto al uso del tiempo. El cumplimiento de las condiciones, exige una mayor dedicación por parte de las mujeres, que deben tramitar los certificados de asistencia a la escuela y los controles de salud de sus hijos.
Por otra parte, el motivo más frecuente de finalización de la transferencia es que los hijos e hijas han cumplido la edad máxima permitida para participar en el programa. Esto puede ser problemático para las mujeres, que pueden pasar años recibiendo los bonos sin poder generar vías alternativas de participación económica, para encontrarse, una vez que finaliza el ingreso, en una situación de pérdida de beneficio y peores condiciones que antes para incorporarse al mercado laboral.
La publicación incluye diversas recomendaciones para que estos programas no reproduzcan la subordinación económica de las mujeres, como abandonar toda visión maternalista de la política social, revisarlos para que las transferencias contribuyan a una mayor autonomía de las mujeres y contribuir con ellos a modificar los roles tradicionales de género, no a consolidarlos.
También recomienda considerar estrategias que permitan avanzar desde el concepto de programas de transferencia condicionada hacia sistemas de protección social integrales, homogéneos, inclusivos y con un enfoque de derechos.
Sobre los avances y retos respecto de la autonomía de la mujer, en este tercer informe del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) se examinan los logrados en cada uno de los indicadores que analiza el Observatorio, correspondientes a la autonomía física, económica y en la toma de decisiones.
En cuanto a la autonomía física de las mujeres, persisten problemas y desigualdades. Cabe destacar que la mortalidad materna no presenta una evolución negativa en el promedio regional, pero perduran realidades preocupantes en 15 países; la demanda insatisfecha de anticonceptivos tiende a disminuir, no obstante el embarazo en adolescentes aumenta frente a la disminución del embarazo en otros grupos por edad y afecta principalmente a las jóvenes pobres; la violencia contra las mujeres continúa golpeando la región.
Respecto de la autonomía en la toma de decisiones, se ha dado en los últimos años un aumento de la presencia de las mujeres en la presidencia de los gobiernos de la región y en la representación parlamentaria (especialmente en la última década).
En el poder judicial, ha habido un incremento mucho más recientemente y en pocos países, hecho que se considera positivo sobre todo porque rompe el techo de cristal que impedía el acceso de las mujeres a los cargos más altos, por el contrario España mantiene niveles mas bajos de representación de mujeres en los órganos superiores judiciales.
El análisis de la autonomía económica de las mujeres deja en evidencia una de las paradojas más típicas del desarrollo económico y social en la región. Mientras el crecimiento económico se mantiene y la pobreza va en retroceso, aumenta al mismo tiempo la proporción de mujeres entre los pobres y los más pobres. Además, la reducción de la pobreza en gran parte se debe a la incorporación de las mujeres a un mercado de trabajo desregulado, que les otorga salarios más bajos que a los hombres.
El Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe es producto del grupo interinstitucional constituido por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Entidad para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres), la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. La secretaría está a cargo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
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